El 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer este lunes las penas contra los 17 condenados por el denominado megafraude a Fonasa, una de las mayores investigaciones por emisión y comercialización de licencias médicas falsas registradas en Chile. Once de los sentenciados deberán cumplir penas de cárcel efectiva, en un caso que involucró a médicos extranjeros, facilitadores y compradores de documentos fraudulentos.
De acuerdo con los antecedentes acreditados durante el juicio, la organización operó principalmente entre 2020 y 2022 mediante centros médicos utilizados para la emisión masiva y venta de licencias médicas ideológicamente falsas. Los condenados fueron sancionados por distintos delitos, entre ellos fraude reiterado de subvenciones, emisión de licencias falsas, asociación ilícita y lavado de activos. La investigación apuntó a estructuras organizadas que aprovecharon el sistema de subsidios por incapacidad laboral para obtener millonarios recursos de manera fraudulenta.
Uno de los castigos más elevados recayó sobre el médico Samir Enrique Rivaldo Hernández, quien recibió distintas penas que en conjunto superan los 18 años de privación de libertad, además de multas por más de $2.500 millones. Otros integrantes de las estructuras también recibieron condenas que, sumadas, superan los 15 años de presidio. En total, el tribunal estableció cumplimiento efectivo de cárcel para 11 de los acusados, mientras otros condenados quedaron sujetos a penas sustitutivas, entre ellas libertad vigilada intensiva.
Durante la investigación, la Fiscalía Metropolitana Oriente había cifrado en $31.571.798.643 el perjuicio asociado al megafraude. Sin embargo, en la sentencia el tribunal estableció un monto acreditado superior a $26.536 millones correspondiente a las principales estructuras investigadas, denominadas “Mi Tití”, “Campos” y “Prevenir”. Además, la justicia acogió la demanda civil presentada por el Consejo de Defensa del Estado y ordenó millonarias indemnizaciones en favor de Fonasa.
El fallo también dispuso el comiso definitivo de vehículos, dineros e inmuebles incautados durante la investigación, con el objetivo de contribuir a la restitución de los recursos defraudados. El tribunal calificó el caso como un fenómeno delictivo sin precedentes por la magnitud de las operaciones y el impacto provocado sobre los recursos destinados al sistema público de salud.
La investigación fue encabezada por la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente y permitió establecer la existencia de una red dedicada a la emisión, venta y cobro fraudulento de licencias médicas. El Ministerio Público sostuvo durante el proceso que los centros médicos funcionaban como fachadas y que parte de los recursos obtenidos posteriormente eran sometidos a mecanismos destinados a ocultar su origen ilícito.
La sentencia marca uno de los fallos más relevantes conocidos en Chile por fraude al sistema de salud y establece elevadas penas de cárcel, multas y obligaciones de restitución patrimonial para los responsables de una operación que involucró decenas de miles de licencias médicas fraudulentas.
Redacción: Radio Estación Nacional