El informe de la Contraloría General de la República abarca el período comprendido entre 2020 y marzo de 2026 y se refiere a funcionarios de la Administración Central del Estado. La revisión no incluye a las municipalidades.
La Contraloría General de la República (CGR) identificó a 485 funcionarios de la Administración Central que permanecían suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos y continuaban percibiendo sus remuneraciones. Los antecedentes corresponden al período comprendido entre enero de 2020 y marzo de 2026, según el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25.
El organismo fiscalizador advirtió que la principal preocupación no es únicamente el pago de remuneraciones durante las suspensiones, sino la prolongada duración de algunos procedimientos disciplinarios, que en determinados casos superaron los cuatro años sin que se resolviera la situación administrativa de los trabajadores involucrados.
Treinta funcionarios llevaban más de tres años suspendidos
De acuerdo con los antecedentes recopilados por la Contraloría, 30 funcionarios acumulaban más de tres años bajo suspensión preventiva. De ellos, 13 superaban los cuatro años, mientras que otros 17 permanecían en esa condición desde hacía entre tres y cuatro años.
El informe también identificó a 44 funcionarios con suspensiones de entre dos y tres años, 147 con períodos de entre uno y dos años, 171 con suspensiones de entre siete meses y un año, y 93 que acumulaban entre cuatro y seis meses bajo esta medida.
Entre los casos de mayor duración figura un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez, cuya suspensión se extendía por aproximadamente cuatro años y siete meses.
También se registraron situaciones prolongadas en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro, con cuatro años y seis meses, y en el SLEP Atacama, donde un funcionario acumulaba cuatro años y dos meses suspendido preventivamente.
Más de $671 millones pagados en los diez casos más prolongados
Uno de los antecedentes económicos del informe corresponde a los recursos públicos destinados al pago de remuneraciones durante estos extensos períodos de suspensión.
Según la estimación de la Contraloría, el Estado desembolsó $671.426.189 en remuneraciones correspondientes únicamente a los diez funcionarios que registraban los períodos de suspensión preventiva más prolongados.
Esta cifra no representa el costo total de las remuneraciones de los 485 funcionarios identificados, sino exclusivamente el monto estimado para los diez casos de mayor duración.
¿Por qué los funcionarios suspendidos siguen recibiendo sus sueldos?
El Estatuto Administrativo permite suspender preventivamente a un funcionario mientras se desarrolla una investigación disciplinaria. Esta medida busca resguardar el procedimiento y, por regla general, no implica la pérdida de sus remuneraciones.
Por lo tanto, el pago de sueldos durante una suspensión preventiva no constituye, por sí mismo, una irregularidad.
La preocupación de la Contraloría apunta a los casos en que las investigaciones se prolongan durante períodos excesivos sin una resolución oportuna y sin que las autoridades revisen adecuadamente la necesidad de mantener la suspensión.
El organismo recordó que la etapa investigativa de un sumario administrativo no debiera superar los 60 días hábiles previstos en la normativa y que los responsables de estos procedimientos deben adoptar medidas para evitar demoras injustificadas
Contraloría asumirá directamente 30 sumarios administrativos
Ante los resultados de la fiscalización, la Contraloría dispuso asumir directamente la tramitación de los 30 sumarios correspondientes a funcionarios que acumulaban más de tres años de suspensión preventiva.
Estos procedimientos dejarán de ser tramitados por los servicios públicos donde se originaron y pasarán al organismo fiscalizador, con el propósito de avanzar en su resolución y determinar eventuales responsabilidades por la prolongación de las investigaciones.
Asimismo, las instituciones que mantengan funcionarios suspendidos preventivamente por más de un año deberán informar, dentro de un plazo de 15 días hábiles, sobre el término de los sumarios, justificar fundadamente la continuidad de la suspensión o detallar las medidas adoptadas para acelerar su conclusión.
También deberán iniciar procedimientos disciplinarios destinados a establecer eventuales responsabilidades por las demoras detectada
Informe detectó funcionarios con otras actividades remuneradas
La revisión también identificó a 22 funcionarios que registraban otras actividades remuneradas durante sus períodos de suspensión preventiva, de acuerdo con antecedentes proporcionados por el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Además, se detectaron dos funcionarios suspendidos que se encontraban cumpliendo prisión preventiva y otros 20 cuyos sumarios estaban a cargo de fiscales que ya no trabajaban en los respectivos servicios públicos.
El informe también consignó casos de funcionarios que realizaron viajes al extranjero o asistieron a casinos de juego durante sus períodos de suspensión.
Estos antecedentes forman parte de las situaciones identificadas por la Contraloría y no constituyen, por sí solos, una determinación de responsabilidad administrativa o penal de las personas involucradas
Nuevas instrucciones para evitar suspensiones prolongadas
Como parte de las medidas adoptadas, la Contraloría emitió el Instructivo N°29, de fecha 16 de septiembre de 2026, destinado a reforzar el control de las suspensiones preventivas durante los sumarios administrativos.
La normativa instruye a los fiscales a revisar periódicamente la necesidad de mantener estas medidas y levantarlas cuando ya no exista riesgo para el desarrollo de la investigación.
También establece que las resoluciones que decreten o dejen sin efecto una suspensión preventiva deberán informarse al Sistema de Acciones Derivadas (SIAD), con el objetivo de monitorear su duración y establecer mecanismos de alerta que permitan un control oportuno.
Municipalidades no fueron incluidas en esta revisión
El Consolidado de Información Circularizada N°25 se concentró en funcionarios de la Administración Central del Estado, por lo que sus resultados no incluyen a los trabajadores de las municipalidades.
Sin embargo, la Contraloría anunció que realizará nuevas acciones de fiscalización en servicios específicos para verificar la calidad y veracidad de los antecedentes recibidos, además de contemplar una revisión de los procedimientos desarrollados en el ámbito municipal.
De esta manera, el organismo busca fortalecer el seguimiento de los sumarios administrativos, evitar la prolongación injustificada de las suspensiones preventivas y establecer las eventuales responsabilidades que correspondan por las demoras en su tramitación.
Redacción: Radio estación Nacional.