La violenta agresión sufrida por estudiantes de la Pontificia Universidad Católica durante la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) continúa generando repercusiones políticas y académicas. El episodio ocurrió el pasado 1 de octubre en el exterior de la Casa Central de la universidad, donde integrantes de Solidaridad UC y del Movimiento Gremial realizaban una contramanifestación mientras avanzaba la movilización estudiantil contra el proyecto de Presupuesto 2027.
De acuerdo con antecedentes entregados por la propia Universidad Católica, diez estudiantes debieron recibir atención de salud tras los incidentes y cuatro fueron posteriormente derivados al Hospital Clínico UC CHRISTUS. La casa de estudios condenó los ataques, manifestó su absoluto rechazo a cualquier forma de violencia y presentó una denuncia ante Carabineros para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Registros difundidos posteriormente mostraron enfrentamientos en los que estudiantes fueron golpeados y atacados con distintos objetos. Integrantes de Solidaridad UC denunciaron además el lanzamiento de piedras, vidrios y pintura, asegurando que algunos manifestantes incluso los habrían rociado con combustible. Una de las estudiantes afectadas, Carolina Mingo, relató posteriormente haber recibido golpes, escupitajos y una patada mientras tenía dificultades para ver luego de ser afectada por sustancias irritantes.
El episodio llevó al Presidente José Antonio Kast a condenar públicamente las agresiones y remarcar la necesidad de respetar a quienes sostienen posiciones distintas. El Mandatario sostuvo que una manifestación no puede transformarse en una instancia para atacar a quienes discrepan y afirmó que este tipo de situaciones no deberían volver a ocurrir.
Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, calificó la agresión como cobarde e inaceptable. La autoridad sostuvo que el derecho a manifestarse libremente no entrega ninguna autorización para agredir físicamente a personas por mantener posiciones políticas diferentes y llamó a una condena transversal de los hechos.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, también realizó una condena enérgica y emplazó a los organizadores de manifestaciones a asumir que la violencia no puede convertirse en un mecanismo de expresión política.
Las reacciones también alcanzaron al Congreso. Parlamentarios del oficialismo cuestionaron duramente las agresiones. La diputada republicana Javiera Rodríguez, exdirigente estudiantil de la Universidad Católica, sostuvo que lo ocurrido demuestra, a su juicio, la presencia de grupos ideologizados dentro de determinadas movilizaciones y cuestionó la respuesta que históricamente han tenido instituciones y dirigentes frente a episodios de violencia.
Desde sectores de oposición, en tanto, existieron cuestionamientos hacia la actuación policial durante la movilización y llamados a garantizar el derecho de los estudiantes a manifestarse. La diputada socialista Carolina Cucumides criticó el despliegue policial realizado durante la jornada y pidió que las manifestaciones puedan desarrollarse respetando las libertades públicas.
La propia Confech rechazó las agresiones. Su vocera y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Laura Mlynarz, calificó como inaceptables los enfrentamientos registrados en las inmediaciones de la UC, marcando distancia respecto de quienes protagonizaron los ataques.
El debate trascendió rápidamente la contingencia política. El rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, manifestó que golpear a una persona simplemente por pensar distinto constituye un acto inhumano y afirmó posteriormente que la violencia no puede ser relativizada ni atribuirse parcialmente a quienes fueron víctimas de ella.
También intervino el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago y Gran Canciller de la Universidad Católica, quien planteó una reflexión sobre las causas sociales y culturales que permiten que personas lleguen a ejercer niveles tan elevados de violencia contra otros. Para Chomali, una agresión de estas características también representa un ataque contra la esencia misma de la universidad como espacio destinado al diálogo y al intercambio de ideas.
El rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, se sumó a la discusión señalando que, además de condenar los ataques, resulta necesario analizar las condiciones culturales y políticas que permiten que la violencia termine siendo concebida por determinados grupos como una herramienta aceptable de acción política.
Precisamente ese debate fue desarrollado también por el académico y cientista político Alfredo Joignant bajo la idea de “la violencia en el imaginario de izquierdas”. Su planteamiento apunta a una histórica ambigüedad que, en determinados sectores de la izquierda radical, existiría frente al uso de la violencia política. Según su análisis, aunque los responsables directos de las agresiones no representan necesariamente a partidos políticos organizados y pueden corresponder a grupos radicalizados e inorgánicos, la falta de una condena inequívoca puede terminar dañando al conjunto de sectores progresistas.
La discusión vuelve así sobre una interrogante que Chile ha enfrentado en distintas etapas de su historia reciente: hasta qué punto determinados sectores políticos son capaces de separar completamente la protesta social, legítima dentro de una democracia, de la violencia ejercida contra adversarios políticos.
En este caso, los antecedentes conocidos hasta ahora no permiten atribuir las agresiones a un partido político determinado. Los atacantes han sido descritos principalmente como grupos radicalizados o individuos encapuchados presentes en la movilización. Por ello, establecer responsabilidades políticas colectivas requiere distinguir entre quienes ejercieron directamente la violencia, quienes convocaron a la marcha y las organizaciones políticas que posteriormente condenaron los hechos.
Lo que sí ha generado coincidencias entre autoridades de Gobierno, dirigentes estudiantiles, académicos y representantes de distintos sectores es que ninguna reivindicación política justifica golpear a una persona por sus ideas. El episodio de la Universidad Católica terminó transformándose así en algo más que un incidente universitario: reabrió una discusión nacional sobre tolerancia, democracia y los límites que debe tener la violencia dentro de la acción política.
Redacción: Radio Estación Nacional.