El anuncio del Presidente de la República, José Antonio Kast, sobre una reducción de hasta un 25% en las tarifas del TAG de Autopista Central abrió un intenso debate político en Chile. Mientras algunos parlamentarios destacaron la medida como un alivio económico para miles de automovilistas, otros cuestionaron las condiciones del acuerdo alcanzado con la empresa concesionaria, especialmente la extensión del contrato de operación por otros 20 meses.
La iniciativa, presentada durante la noche del lunes 12 de octubre, contempla una disminución del 10% en las tarifas correspondientes a horarios no punta y una rebaja del 25% durante los períodos punta y de saturación. Según lo informado por el Gobierno, los nuevos valores comenzarán a regir el 1 de enero de 2027 y estarán sujetos al cumplimiento de determinadas condiciones de pago por parte de los usuarios.
El acuerdo fue alcanzado entre el Ministerio de Obras Públicas y la concesionaria vinculada a VíasChile, responsable de la operación de Autopista Central, una de las principales vías urbanas de Santiago. El anuncio fue realizado en San Bernardo, con la participación del ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, y representantes de la empresa.
Uno de los aspectos importantes de la medida es que la reducción tarifaria estará dirigida a los automovilistas que mantengan sus cuentas al día, considerando un plazo de pago de 60 días. De esta manera, el beneficio busca incentivar el cumplimiento de las obligaciones de los usuarios, además de disminuir los gastos asociados a los desplazamientos diarios por la capital.
Sin embargo, uno de los principales puntos de controversia es la extensión de la concesión por 20 meses, mecanismo que permitiría compensar económicamente a la empresa por la reducción de las tarifas. Esta condición ha generado cuestionamientos sobre el verdadero impacto financiero del acuerdo y sus consecuencias para los conductores en el mediano y largo plazo.
Entre las voces críticas aparece el excandidato presidencial y secretario general del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien calificó el acuerdo como un mal negocio para el país, argumentando que la reducción inmediata de los cobros podría terminar favoreciendo a las concesionarias mediante la prolongación de sus contratos. Sus declaraciones apuntaron a la necesidad de transparentar los cálculos económicos y determinar si el beneficio para los usuarios justifica la ampliación del período de explotación de la autopista.
Desde el Partido Socialista, el diputado Nelson Venegas manifestó una preocupación similar, señalando que las empresas concesionarias no necesariamente asumirían pérdidas económicas, debido a que continuarían administrando las carreteras durante un período adicional. A su juicio, el mecanismo anunciado no resuelve el problema estructural de los elevados costos de circulación por las autopistas urbanas e interurbanas del país.
El diputado Ignacio Achurra, del Frente Amplio, también cuestionó los efectos del acuerdo, advirtiendo que extender los contratos podría postergar futuras licitaciones y limitar las oportunidades de establecer condiciones tarifarias más favorables para los automovilistas. El parlamentario planteó la necesidad de evaluar no solamente la disminución inmediata del TAG, sino también los efectos de largo plazo sobre el sistema de concesiones.
En contraste, desde Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper valoró la iniciativa y sostuvo que constituye una señal positiva para las familias que utilizan diariamente las autopistas urbanas para trasladarse hacia sus lugares de trabajo, establecimientos educacionales y otras actividades. El legislador destacó que cualquier reducción efectiva en los costos de transporte puede contribuir a disminuir la presión económica sobre los hogares.
Una evaluación favorable también expresó el diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, quien consideró que el acuerdo demuestra que existe espacio para revisar y reducir las tarifas sin necesariamente modificar de manera integral el modelo de concesiones. El parlamentario destacó la importancia de continuar explorando mecanismos que permitan establecer cobros más accesibles para los conductores.
Otro de los cuestionamientos surgió desde las regiones, donde parlamentarios de distintos sectores advirtieron que el anuncio beneficia exclusivamente a quienes utilizan Autopista Central en la Región Metropolitana. La senadora Camila Flores, de Renovación Nacional y presidenta de la Comisión de Transportes del Senado, valoró el acuerdo, pero insistió en la necesidad de extender las negociaciones a otras carreteras del país, especialmente aquellas que mantienen elevados cobros de peajes.
En esta misma línea, el diputado socialista Francisco Crisóstomo manifestó su preocupación por la ausencia de medidas equivalentes para regiones como Ñuble, señalando que los costos de transporte también afectan directamente a pequeñas empresas, agricultores, trabajadores y familias que dependen de las carreteras para desarrollar sus actividades cotidianas.
Por su parte, el Gobierno ha señalado que mantiene conversaciones con otras concesionarias de autopistas urbanas para evaluar acuerdos similares. No obstante, hasta el momento no se han confirmado nuevas reducciones tarifarias ni plazos específicos para extender esta iniciativa a otras rutas del territorio nacional.
La discusión también vuelve a poner sobre la mesa el funcionamiento del sistema de concesiones de infraestructura vial en Chile, donde los contratos establecen mecanismos de reajuste, períodos de explotación y condiciones económicas que inciden directamente en el valor que deben pagar los usuarios. En este escenario, especialistas y autoridades deberán evaluar las consecuencias de modificar las tarifas a cambio de prolongar los contratos vigentes.
Por ahora, la rebaja anunciada representa una disminución prevista en los gastos de quienes utilizan Autopista Central y cumplen las condiciones establecidas. Sin embargo, su implementación todavía requiere completar los procedimientos administrativos correspondientes, mientras continúa el debate respecto de los beneficios reales para los conductores y las compensaciones comprometidas con la concesionaria.
Con la entrada en vigencia proyectada para el 1 de enero de 2027, el anuncio marca el inicio de una nueva discusión sobre el costo de utilizar las autopistas concesionadas en Chile, la transparencia de los acuerdos entre el Estado y las empresas operadoras y la posibilidad de establecer medidas que beneficien también a los automovilistas de otras regiones del país.
Redacción: Radio Estación Nacional.