Los profesionales chilenos, de 30 y 40 años, fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) en la Región de Coquimbo, acusados de participar en un esquema de emisión y comercialización irregular de licencias médicas. La investigación, encabezada por la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente, apunta a un eventual perjuicio fiscal superior a los $11 mil millones y a la entrega de más de 20 mil documentos presuntamente fraudulentos.
Una investigación por presunto fraude al sistema público de salud permitió la detención de dos médicos chilenos en la ciudad de La Serena, Región de Coquimbo. Ambos profesionales son investigados por la emisión de 20.196 licencias médicas que, de acuerdo con los antecedentes del Ministerio Público, serían ideológicamente falsas y habrían provocado un perjuicio económico al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) estimado en $11.366.558.833.
Las detenciones se concretaron durante el viernes 16 de octubre de 2026, mediante un operativo desarrollado por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, en coordinación con la Fiscalía de Alta Complejidad Metropolitana Oriente.
Los antecedentes recopilados por los investigadores apuntan a que ambos facultativos habrían utilizado sus atribuciones profesionales para emitir licencias sin una evaluación clínica adecuada, llegando incluso a comercializar documentos de reposo médico a personas que no contarían con un diagnóstico que justificara su otorgamiento.
La magnitud de las cifras convirtió la investigación en un nuevo caso de gran relevancia dentro de las indagatorias sobre el uso fraudulento de licencias médicas y los eventuales perjuicios ocasionados a los recursos destinados a financiar prestaciones de salud y subsidios por incapacidad laboral.
Más de 20 mil licencias médicas bajo investigación
Uno de los principales antecedentes que permitió avanzar en las diligencias fue el elevado volumen de documentos emitidos por ambos profesionales durante períodos relativamente acotados.
Según los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público, uno de los médicos habría otorgado 15.659 licencias médicas entre 2023 y mayo de 2025, mientras que el segundo emitió 4.537 documentos entre enero de 2025 y mayo de 2026.
Este último comenzó a registrar emisiones desde su inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, acumulando miles de licencias durante sus primeros meses de actividad registrada.
En conjunto, ambos profesionales alcanzaron las 20.196 licencias médicas investigadas, una cantidad que llamó la atención de los organismos fiscalizadores y que permitió identificar patrones de emisión considerados fuera de los parámetros habituales.
Las investigaciones se originaron a partir de dos denuncias independientes. Una de ellas fue presentada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin), mientras que la segunda fue impulsada por Fonasa, entidades que detectaron antecedentes que ameritaban una revisión penal.
Consultas de menos de ocho minutos y diagnósticos repetidos
Entre las irregularidades identificadas por los investigadores figura la duración de las atenciones médicas, que en numerosos casos no habría superado los ocho minutos.
Este antecedente resulta relevante para la Fiscalía, debido a que las licencias médicas deben responder a evaluaciones clínicas que permitan determinar la existencia de una condición de salud y la necesidad de reposo laboral.
Otro elemento que despertó sospechas fue la reiteración de períodos específicos de descanso médico, principalmente licencias de 11, 15, 21 y 30 días.
Asimismo, aproximadamente el 90% de los documentos emitidos por los profesionales estaba asociado a diagnósticos relacionados con trastorno de ansiedad generalizada y otras alteraciones mentales y del comportamiento.
La concentración de estos diagnósticos, sumada al volumen de licencias y a los tiempos de atención, forma parte de los antecedentes que el Ministerio Público busca utilizar para establecer si los certificados respondían a necesidades médicas reales o si existió un sistema de otorgamiento irregular.
Es importante precisar que la presencia de diagnósticos de salud mental no constituye por sí misma una irregularidad. Lo que se investiga es la eventual ausencia de evaluaciones clínicas que justificaran los reposos otorgados.
Licencias médicas habrían sido vendidas entre $70 mil y $120 mil
La investigación también apunta a la existencia de una eventual comercialización de licencias médicas, situación que podría configurar delitos vinculados al otorgamiento fraudulento de documentos y al uso indebido de recursos públicos.
De acuerdo con los antecedentes policiales, los médicos habrían ofrecido licencias a particulares sin realizar previamente una evaluación que permitiera establecer la necesidad de reposo.
Por estos documentos se habrían cobrado montos que fluctuaban entre los $70.000 y $120.000, dependiendo de las condiciones de cada operación investigada.
Esta presunta modalidad de venta constituye una de las principales líneas de investigación, debido a que permitiría establecer si existió una actividad sistemática destinada a facilitar el acceso irregular a subsidios por incapacidad laboral.
El eventual fraude no solo involucraría la emisión de documentos sin respaldo clínico, sino también el posible pago de beneficios económicos financiados mediante recursos del sistema de seguridad social.
El perjuicio fiscal estimado en más de $11.366 millones corresponde a la evaluación de la investigación y deberá ser acreditado durante el proceso judicial.
PDI realizó allanamientos e incautó equipos electrónicos y un vehículo
Como parte de las diligencias ordenadas por la Fiscalía, detectives de la PDI realizaron allanamientos en domicilios particulares y lugares de trabajo vinculados a los dos profesionales investigados.
Los procedimientos contaron con autorización del Juzgado de Garantía de La Serena y permitieron concretar las detenciones, además de recuperar diferentes especies que podrían aportar información relevante para el esclarecimiento de los hechos.
Entre los elementos incautados se encuentran teléfonos celulares, computadores y talonarios de licencias médicas.
También fue incautada una camioneta BYD Shark, correspondiente al año 2025, cuyo vínculo con los hechos investigados deberá establecerse mediante las diligencias correspondientes.
El análisis de los dispositivos electrónicos y la documentación permitirá revisar eventuales comunicaciones, antecedentes de emisión y otros registros que podrían contribuir a reconstruir el funcionamiento del presunto mecanismo de comercialización de licencias.
Fiscalía formalizará a los dos médicos por presunto fraude a Fonasa
Los dos profesionales fueron puestos a disposición de la justicia y su audiencia de formalización fue programada para este sábado 17 de octubre de 2026 ante el Juzgado de Garantía de La Serena.
La investigación está encabezada por los fiscales Álvaro Pérez y Daniela Fregonara, integrantes del equipo especializado de la Fiscalía Metropolitana Oriente, quienes anunciaron su traslado a la Región de Coquimbo para participar presencialmente en la audiencia.
Durante esta instancia, el Ministerio Público expondrá los antecedentes reunidos y comunicará los delitos que atribuye a los imputados, relacionados con el otorgamiento irregular de licencias médicas y el presunto fraude de subvenciones.
La audiencia también permitirá discutir eventuales medidas cautelares, dependiendo de las solicitudes que presente la Fiscalía y de la resolución del tribunal.
Hasta la última información verificada, no se había confirmado el resultado de la formalización ni la eventual aplicación de prisión preventiva u otras medidas cautelares.
Investigación se suma a otras causas por fraude con licencias médicas
El caso se desarrolla en medio de una serie de investigaciones judiciales relacionadas con la emisión fraudulenta de licencias médicas, una problemática que ha puesto bajo escrutinio los mecanismos de fiscalización, autorización y pago de subsidios por incapacidad laboral.
Los fiscales responsables de esta investigación cuentan con experiencia en causas similares. En agosto de 2026 participaron en una investigación que culminó con la condena de médicos colombianos identificados como grandes emisores de licencias fraudulentas, quienes recibieron penas de entre 14 y 20 años de presidio.
Asimismo, ambos persecutores participan en el juicio oral de la denominada arista «Los Quilodrán», relacionada con una presunta estructura familiar que habría utilizado empresas de fachada y contrataciones ficticias para obtener beneficios asociados a licencias médicas.
Estos antecedentes muestran la existencia de distintas investigaciones sobre mecanismos de defraudación al sistema de seguridad social, aunque no implican necesariamente una relación entre los imputados de las diferentes causas.
Posible impacto en los recursos públicos y controles del sistema de salud
La investigación sobre los dos médicos detenidos en La Serena vuelve a poner en discusión los mecanismos utilizados para supervisar la emisión de licencias médicas y detectar comportamientos irregulares entre los profesionales autorizados para extender estos documentos.
Las licencias médicas cumplen una función esencial dentro del sistema de protección social, ya que permiten justificar la ausencia laboral de trabajadores que presentan problemas de salud y, cuando corresponde, acceder a subsidios durante sus períodos de recuperación.
Por esta razón, la utilización fraudulenta de estos instrumentos puede generar consecuencias económicas para los organismos encargados de financiar las prestaciones y afectar la confianza en los mecanismos de protección de los trabajadores.
Entre los desafíos que plantea este tipo de investigaciones se encuentra la necesidad de fortalecer los sistemas de detección temprana, especialmente frente a profesionales que registran cantidades extraordinarias de licencias, patrones repetitivos de diagnóstico o evaluaciones que requieren una revisión más exhaustiva.
La coordinación entre Fonasa, Compin, los organismos fiscalizadores y el Ministerio Público resulta fundamental para identificar eventuales delitos y determinar las responsabilidades correspondientes.
Investigación continuará para establecer responsabilidades penales
La causa permanece bajo investigación y será la justicia la encargada de determinar si los antecedentes reunidos permiten acreditar los delitos atribuidos a los dos médicos chilenos.
Uno de los aspectos centrales será establecer cuántas de las 20.196 licencias cuestionadas carecían efectivamente de justificación médica, cuáles dieron origen a pagos indebidos y cuál fue el perjuicio económico definitivo.
También deberá determinarse si existieron otras personas involucradas en la eventual comercialización, obtención o utilización irregular de los documentos.
Por ahora, los $11.366 millones corresponden al perjuicio fiscal estimado por los investigadores, cifra que deberá ser respaldada mediante los antecedentes que se incorporen al proceso penal.
El avance de la causa será determinante para establecer las eventuales sanciones contra los imputados y esclarecer el alcance de un presunto fraude que, por la cantidad de documentos y los recursos comprometidos, constituye una investigación de gran magnitud para el sistema público de salud chileno.
Ambos profesionales mantienen su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial condenatoria firme.
Redacción: Radio Estación Nacional.