El 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de Michael Clark, expresidente de Azul Azul, en el marco de la investigación por el denominado caso Sartor. La resolución se produjo tras una extensa formalización en la que el Ministerio Público expuso los antecedentes reunidos contra los ejecutivos y exejecutivos vinculados al grupo financiero.
De acuerdo con la resolución judicial, el tribunal estimó que existen antecedentes suficientes para presumir fundadamente la participación de Clark en cinco de los seis delitos que le fueron imputados, descartando respecto de él la estafa. Entre las imputaciones investigadas se encuentran administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, lavado de activos y fraude relacionado con la omisión de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA).
Uno de los puntos determinantes para imponer la medida cautelar más gravosa fue la evaluación del tribunal sobre los riesgos asociados a mantener al exdirectivo en libertad. La justicia concluyó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación, argumento que terminó inclinando la decisión hacia la prisión preventiva. La misma cautelar fue decretada para Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Larraín Mery y Sergio Yáñez.
Tras conocerse la resolución, Gendarmería determinó que Clark fuera ingresado al Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS), conocido como Capitán Yáber, mientras los otros tres imputados mencionados fueron derivados al CDP Santiago 1. El tribunal estableció además un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación, período en que la Fiscalía continuará reuniendo antecedentes sobre las operaciones financieras investigadas.
La decisión judicial también generó fuertes repercusiones en el entorno de Universidad de Chile, institución estrechamente ligada a Clark por su paso por la presidencia y el control de Azul Azul. Exjugadores e hinchas reaccionaron públicamente a la prisión preventiva, mientras el caso vuelve a instalar interrogantes sobre la relación entre las operaciones investigadas de Sartor y el control de la concesionaria que administra al cuadro azul. La causa continuará ahora bajo investigación y las responsabilidades penales deberán ser determinadas por la justicia.
Redacción: Radio Estación Nacional