La Fiscalía de Investigación Especializada de la Fiscalía Metropolitana Oriente cerró la investigación del denominado caso Audio-Factop y presentó acusación contra seis imputados, dando un nuevo paso para llevar la causa a juicio oral. El Ministerio Público solicita penas que van desde los 10 años y un día hasta los 20 años de presidio.
Los acusados son Luis Hermosilla Osorio, Ariel Sauer Adlerstein, Daniel Sauer Adlerstein, Luis Flores Cuevas, Antonio Jalaff Sanz y María Leonarda Villalobos Mütter. La causa contempla una serie de delitos económicos, tributarios y vinculados a hechos de corrupción, cuyas responsabilidades deberán ser determinadas por los tribunales.
La pena más alta solicitada por la Fiscalía corresponde a Daniel Sauer, para quien se piden 20 años de presidio por delitos de estafa, administración desleal, uso malicioso de instrumento privado mercantil, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, delitos tributarios, lavado de activos y soborno.
Para María Leonarda Villalobos, en tanto, el Ministerio Público solicita 18 años de cárcel por uso malicioso de instrumento privado mercantil, estafa, lavado de activos, delitos tributarios y soborno reiterado. En el caso del abogado Luis Hermosilla, la Fiscalía pide una pena total de 17 años de presidio por delitos tributarios reiterados, lavado de activos, cohecho, soborno reiterado y tráfico de influencias.
Respecto de los otros acusados, la Fiscalía solicita 14 años de cárcel para Ariel Sauer, 12 años para Luis Flores y 10 años y un día para Antonio Jalaff. Las imputaciones y penas solicitadas varían de acuerdo con los hechos y la participación que el Ministerio Público atribuye a cada uno.
El denominado caso Audio-Factop comenzó a adquirir notoriedad pública a fines de 2023, luego de conocerse la grabación de una conversación en la que participaron Luis Hermosilla, Daniel Sauer y María Leonarda Villalobos. A partir de esos antecedentes se desarrollaron diversas líneas investigativas que posteriormente incluyeron presuntos delitos económicos, tributarios, financieros y hechos relacionados con funcionarios públicos.
Según los antecedentes de la investigación, desde abril de 2024 se realizaron distintas formalizaciones y reformalizaciones. Entre los delitos considerados en el proceso aparecen infracciones a la Ley General de Bancos, estafas, uso malicioso de instrumentos privados mercantiles, delitos tributarios, infracciones a la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos, cohecho, soborno y tráfico de influencias, dependiendo de cada acusado.
Con el cierre de la investigación y la presentación de la acusación, la causa avanza ahora hacia una nueva etapa judicial. Corresponderá al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijar la fecha para la audiencia de preparación de juicio oral, instancia en la que se discutirán las pruebas y antecedentes que podrán ser presentados posteriormente ante el tribunal.
Las penas informadas corresponden a las solicitudes formuladas por la Fiscalía y no constituyen condenas. La responsabilidad penal y las eventuales sanciones deberán ser determinadas por los tribunales durante las siguientes etapas del proceso.
Redacción: Radio Estación Nacional