Una nueva encuesta GPS Ciudadano de Datavoz revela un cambio significativo en la percepción de los chilenos sobre el estallido social del 18 de octubre de 2019. Mientras aumenta la cantidad de personas que considera inevitables las movilizaciones, disminuye la evaluación negativa de sus consecuencias. La desigualdad, los abusos, la corrupción y las pensiones continúan presentes entre las principales causas que la ciudadanía asocia con aquella crisis social.
A siete años del estallido social que marcó un antes y un después en la historia reciente de Chile, la percepción ciudadana sobre los acontecimientos del 18 de octubre de 2019 comienza a experimentar cambios importantes. Aunque las consecuencias de las manifestaciones siguen siendo evaluadas mayoritariamente de manera negativa, una proporción creciente de la población considera que el descontento acumulado hacía inevitable una crisis de esa magnitud.
Así lo revela la más reciente medición del GPS Ciudadano de Datavoz, publicada en octubre de 2026, que muestra que el 54,3% de los encuestados considera que el estallido social era inevitable, cifra que representa un incremento de 13,9 puntos porcentuales respecto del 40,4% registrado en septiembre de 2025.
Los resultados reflejan una transformación en la manera en que las personas interpretan los acontecimientos ocurridos hace siete años. Si bien persisten opiniones divididas sobre las manifestaciones, los hechos de violencia y sus consecuencias políticas, también se observa un mayor reconocimiento del malestar social que antecedió a las protestas.
La investigación evidencia que los problemas estructurales asociados al origen del estallido continúan presentes en la memoria colectiva, especialmente aquellos relacionados con la desigualdad económica, las bajas pensiones, los abusos y la desconfianza hacia las instituciones.
Disminuye la evaluación negativa del estallido social
Uno de los principales resultados del estudio corresponde a la disminución de quienes consideran negativas las consecuencias de los acontecimientos de octubre de 2019.
Mientras en septiembre de 2025 el 71,6% de los encuestados evaluaba negativamente sus repercusiones, en la medición de 2026 esa cifra descendió al 63,6%, equivalente a una reducción de ocho puntos porcentuales.
A pesar de esta disminución, la percepción negativa continúa siendo ampliamente mayoritaria, lo que demuestra que las consecuencias del estallido siguen generando cuestionamientos entre una parte importante de la ciudadanía.
Por otra parte, el 24,7% considera que sus consecuencias fueron positivas, mientras que el 11,7% estima que no existieron repercusiones relevantes.
Estos resultados muestran que reconocer las causas sociales que llevaron al estallido no necesariamente significa aprobar los hechos ocurridos durante las manifestaciones ni sus efectos posteriores.
De esta manera, la encuesta identifica dos dimensiones diferentes de la opinión pública: por una parte, la evaluación de los acontecimientos y, por otra, la percepción de que las condiciones sociales existentes en 2019 podían desencadenar una crisis de gran magnitud.
Las nuevas generaciones tienen una mirada diferente sobre el 18 de octubre
Las diferencias generacionales constituyen otro de los aspectos relevantes de la investigación.
Entre las personas de 18 a 34 años, el 67,4% considera que el estallido social fue inevitable, porcentaje considerablemente superior al promedio general de la encuesta.
Este segmento también presenta una evaluación más equilibrada respecto de sus consecuencias. El 45,3% las considera negativas, mientras que el 42,5% estima que fueron positivas.
La situación cambia entre las personas de mayor edad. En el grupo de 45 a 54 años, la evaluación negativa alcanza el 75,6%, mientras que entre quienes tienen 55 años o más llega al 71,7%.
Estas diferencias ponen de manifiesto que el significado del 18 de octubre continúa siendo interpretado de distintas maneras según la edad de los encuestados.
La experiencia personal, el contexto social y las expectativas de cada generación pueden influir en la forma de recordar las manifestaciones, sus demandas y los acontecimientos posteriores.
Los resultados también reflejan que el debate sobre el estallido social no se limita únicamente a las diferencias políticas, sino que incorpora distintas experiencias generacionales que conviven dentro de la sociedad chilena.
Violencia o protesta legítima: las interpretaciones que dividen a los chilenos
La investigación de Datavoz también examinó cómo las personas caracterizan los acontecimientos que comenzaron el 18 de octubre de 2019.
El 44,4% de los encuestados interpreta el estallido como un episodio de violencia inducida por grupos de interés, mientras que el 41,6% lo considera una protesta espontánea y legítima.
La diferencia entre ambas posiciones es de apenas 2,8 puntos porcentuales, lo que evidencia la cercanía entre dos interpretaciones profundamente distintas del mismo acontecimiento.
Para algunos sectores de la ciudadanía, las movilizaciones constituyeron una expresión del descontento frente a problemas sociales acumulados durante años. Para otros, los hechos de violencia, los saqueos, los incendios y los daños a la infraestructura pública y privada representan aspectos centrales de la evaluación del período.
Ambas interpretaciones continúan presentes en el debate público, junto con las discusiones sobre la respuesta institucional, las denuncias de violaciones a los derechos humanos y las consecuencias políticas y económicas de aquella crisis.
La cercanía entre los porcentajes confirma que, siete años después, todavía no existe una interpretación compartida sobre el significado del estallido social en Chile.
Abusos, desigualdad y pensiones: las principales causas que siguen presentes en la memoria ciudadana
La investigación también permitió identificar cuáles son los problemas sociales que los encuestados consideran más influyentes en el origen del estallido.
Los abusos y la corrupción aparecen entre los factores más mencionados, con un 60,1% de personas que les atribuyen una alta influencia en los acontecimientos de octubre de 2019.
En segundo lugar se encuentra la desigualdad, con un 59%, seguida por las pensiones, con un 58,6%.
La educación también figura entre las preocupaciones relevantes, alcanzando un 57,9%, mientras que la salud registra un 54,6% y el transporte público un 53,6%.
Estas cifras muestran que las demandas sociales que adquirieron protagonismo durante las manifestaciones de 2019 continúan formando parte de las explicaciones ciudadanas sobre el origen de aquella crisis.
El sistema de pensiones, las diferencias económicas y el acceso a servicios esenciales fueron algunos de los asuntos que concentraron el debate público durante ese período. Siete años después, siguen siendo identificados como factores importantes para comprender el descontento que se expresó en las calles.
Sin embargo, identificar estos problemas como causas del estallido no significa necesariamente que todos permanezcan sin cambios o que exista acuerdo sobre las soluciones que deberían implementarse.
Redes sociales y organizaciones políticas también aparecen entre los factores influyentes
Más allá de las condiciones económicas y sociales, la medición también examinó el papel que los encuestados atribuyen a distintos actores y mecanismos de movilización.
El 65,7% considera que las redes sociales digitales tuvieron una alta influencia en el desarrollo de los acontecimientos, mientras que el 64,2% identifica a los movimientos sociales y las organizaciones políticas.
Por otra parte, el 56% atribuye una alta influencia a los grupos instigadores de violencia.
Los resultados reflejan que los encuestados reconocen una combinación de factores sociales, políticos y comunicacionales asociados al desarrollo de las protestas.
Durante octubre de 2019, las plataformas digitales tuvieron un papel importante en la circulación de información, la convocatoria a manifestaciones y la difusión de registros audiovisuales de lo que ocurría en diferentes ciudades.
No obstante, estas cifras representan percepciones de las personas consultadas y no permiten establecer, por sí solas, relaciones causales ni responsabilidades específicas sobre los acontecimientos.
Las diferencias políticas mantienen dividida la interpretación del estallido
Las posiciones políticas también influyen en la manera en que las personas recuerdan y evalúan los acontecimientos de octubre de 2019.
La investigación identifica diferencias pronunciadas entre quienes se reconocen cercanos a la izquierda y quienes se identifican con la derecha.
Entre las personas que se declaran de izquierda, el 88% se identifica con la interpretación del estallido como una protesta legítima.
En cambio, entre quienes se sitúan a la derecha, el 81,7% se inclina por la explicación centrada en la violencia inducida.
Esta distancia refleja la persistencia de interpretaciones contrapuestas sobre un acontecimiento que produjo importantes consecuencias en el escenario político nacional.
El estallido social abrió un período de transformaciones y debates institucionales, incluyendo un acuerdo político para iniciar un proceso constituyente y, posteriormente, dos propuestas de nueva Constitución que fueron rechazadas en los plebiscitos de 2022 y 2023.
A siete años de los primeros acontecimientos, las diferencias sobre las causas, el desarrollo y las consecuencias del estallido siguen presentes en la conversación pública.
Especialistas advierten sobre la importancia de atender las tensiones sociales
Los resultados del GPS Ciudadano también plantean interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para responder a las demandas que la ciudadanía identifica como parte del origen del estallido.
Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz, ha destacado que las nuevas cifras reflejan una evolución en la manera en que las personas interpretan los acontecimientos de 2019.
Desde esta perspectiva, el incremento de quienes consideran que el estallido fue inevitable podría estar relacionado con un mayor reconocimiento retrospectivo de la acumulación de malestar social.
Por su parte, Jorge Fábrega, socio director de Tendencias Sociales de Datavoz, ha advertido sobre la importancia de abordar las tensiones que permanecen presentes en la sociedad chilena.
El análisis apunta a la necesidad de que las instituciones políticas puedan procesar las demandas sociales y canalizar los desacuerdos mediante mecanismos democráticos.
Sin embargo, los resultados de la encuesta no permiten concluir que necesariamente se producirá un nuevo estallido social. Su principal aporte consiste en mostrar cómo han evolucionado las percepciones ciudadanas respecto de los acontecimientos de 2019.
Otras encuestas de octubre de 2026 también muestran un país dividido
La conmemoración del séptimo aniversario del estallido social estuvo acompañada por otros estudios de opinión que también abordaron sus consecuencias.
Una medición de Criteria, difundida el 18 de octubre de 2026, reveló que el 59% de los encuestados considera que el estallido fue más bien negativo para Chile, mientras que el 41% lo evalúa de manera positiva.
El mismo estudio indicó que el 68% considera que las demandas que dieron origen a las movilizaciones siguen sin resolverse.
Asimismo, un 63% señaló que actualmente existen motivos para que la ciudadanía continúe manifestándose.
Por otra parte, una encuesta de Black & White, realizada con 1.075 participantes, mostró que una mayoría considera que las consecuencias del estallido todavía tienen impacto en diferentes ámbitos del país.
Entre las áreas más mencionadas destacan la política, con un 68%, y la seguridad, con un 64%.
Aunque estas investigaciones utilizan metodologías y preguntas diferentes, sus resultados coinciden en mostrar que el 18 de octubre continúa siendo un acontecimiento relevante para comprender las percepciones sociales y políticas del Chile actual.
Siete años después, el estallido social continúa marcando la historia de Chile
El 18 de octubre de 2019 comenzó una de las crisis sociales y políticas más significativas desde el retorno a la democracia.
Las primeras protestas, impulsadas por estudiantes secundarios tras el anuncio de un aumento de 30 pesos en la tarifa del Metro de Santiago, dieron paso a manifestaciones masivas en distintas ciudades del país.
Durante las semanas posteriores se desarrollaron numerosas movilizaciones, incluyendo la multitudinaria concentración del 25 de octubre en Santiago.
El período también estuvo marcado por graves episodios de violencia, incendios, saqueos, daños a la infraestructura pública y privada, además de denuncias de violaciones a los derechos humanos durante la respuesta de agentes del Estado.
Las consecuencias se extendieron mucho más allá de las manifestaciones, influyendo en el debate institucional, la agenda social y el escenario político nacional.
Siete años después, los acontecimientos continúan generando reflexiones sobre la desigualdad, la confianza en las instituciones, la convivencia democrática y las formas de expresar el descontento ciudadano.
Cómo se realizó la encuesta GPS Ciudadano de Datavoz
La medición correspondiente a 2026 se desarrolló mediante 1.083 entrevistas en línea, realizadas entre el 16 y el 28 de septiembre.
Para establecer las comparaciones se utilizaron los resultados de un estudio anterior, efectuado en septiembre de 2025, que contempló 1.408 entrevistas.
Ambas investigaciones emplearon muestras no probabilísticas y ponderaciones sociodemográficas, por lo que las variaciones observadas deben interpretarse como diferencias descriptivas entre las mediciones, sin asumir que representan necesariamente cambios estadísticamente significativos en toda la población chilena.
Este antecedente metodológico resulta importante al analizar el incremento de 13,9 puntos porcentuales en la percepción de inevitabilidad y la disminución de ocho puntos en la evaluación negativa de las consecuencias del estallido.
El desafío de Chile frente a las demandas sociales que marcaron el 18-O
Los resultados del GPS Ciudadano de Datavoz muestran que, a siete años del estallido social, la sociedad chilena mantiene diferencias importantes sobre los acontecimientos de octubre de 2019, aunque también registra cambios en la interpretación de sus causas.
El dato más destacado es el aumento de quienes consideran que el estallido fue inevitable, una percepción que pasó del 40,4% en 2025 al 54,3% en 2026.
Al mismo tiempo, la evaluación negativa de sus consecuencias disminuyó del 71,6% al 63,6%, aunque continúa siendo la opinión predominante entre los encuestados.
La desigualdad, las pensiones, los abusos y la corrupción siguen apareciendo como asuntos centrales en las explicaciones ciudadanas sobre el origen de las manifestaciones, mientras las diferencias políticas y generacionales mantienen abierto el debate sobre su significado histórico.
A siete años del 18 de octubre de 2019, el estallido social sigue ocupando un lugar importante en la memoria de Chile. La nueva medición refleja una sociedad que continúa cuestionando sus consecuencias, pero que reconoce cada vez con mayor frecuencia la profundidad del malestar que antecedió a las protestas.
El desafío para las instituciones, las organizaciones sociales y la ciudadanía será avanzar en respuestas a los problemas que siguen generando preocupación, mediante el diálogo democrático y el respeto de los derechos fundamentales, en un país donde las interpretaciones sobre el pasado todavía muestran profundas diferencias.
Redacción: Radio Estación Nacional.