Un hospital de campaña con capacidad para atender a 100 pacientes, adquirido durante la pandemia del Covid-19, lleva más de cuatro años sin utilización efectiva. La Contraloría General de la República cuestionó la administración de sus 565 bienes, detectó irregularidades en los inventarios e inició acciones para determinar responsabilidades por la depreciación de esta infraestructura sanitaria.
Una millonaria inversión realizada por el Estado de Chile durante la emergencia sanitaria del coronavirus quedó bajo cuestionamiento luego de conocerse los resultados de una fiscalización al Hospital Modular de Campaña N° 2, asociado al Hospital Barros Luco Trudeau. La infraestructura, adquirida para enfrentar la alta demanda de camas hospitalarias durante la pandemia, permanece desmontada y almacenada en una bodega de la comuna de San Miguel, en la Región Metropolitana. El establecimiento tenía capacidad para recibir hasta 100 pacientes y contemplaba instalaciones clínicas, equipamiento médico y espacios destinados al personal sanitario.
De acuerdo con los antecedentes revelados el 11 de octubre de 2026 por una investigación de BioBioChile, el recinto formó parte de un programa de emergencia impulsado por el Ministerio de Salud en 2020, cuando el sistema hospitalario enfrentaba una presión extraordinaria por el aumento de contagios. En aquella oportunidad, el Gobierno adquirió cinco hospitales modulares a la empresa Weatherhaven Global Resources, mediante una operación que alcanzó aproximadamente los 13,7 millones de dólares. La unidad destinada al Hospital Barros Luco Trudeau representó una inversión cercana a los 2.102 millones de pesos, considerando su adquisición y traslado.
De una solución de emergencia a una infraestructura almacenada
El hospital modular comenzó a instalarse durante junio de 2020 en una cancha de fútbol ubicada en las inmediaciones del Hospital Barros Luco Trudeau, como parte de las medidas para incrementar la capacidad asistencial de la red pública. Su diseño permitía habilitar espacios de hospitalización, servicios higiénicos, farmacia, cocina, comedor, dormitorios para funcionarios y otras dependencias necesarias para enfrentar situaciones de emergencia. Sin embargo, tras la disminución de la presión sanitaria, se anunció su cierre el 28 de octubre de 2021 y su funcionamiento concluyó oficialmente el día 31 de ese mismo mes.
En noviembre de 2021, la Subsecretaría de Redes Asistenciales transfirió gratuitamente la propiedad del establecimiento al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS). Desde entonces, el organismo quedó a cargo de definir el futuro de los equipos e instalaciones. No obstante, según la documentación revisada por la Contraloría, no existía un proyecto concreto para reinstalar el hospital, reutilizar sus componentes o transferirlos a otro establecimiento público. Las dificultades logísticas, el tamaño de las estructuras y los costos asociados a su traslado fueron parte de los argumentos que explicaron la decisión de mantenerlo almacenado.
El 11 de mayo de 2023 se aprobó una licitación para realizar labores de mantenimiento, desmontaje y embalaje de la infraestructura, adjudicada a Minera y Constructora Río Grande SpA por más de 187 millones de pesos. Posteriormente, los elementos fueron trasladados a una bodega ubicada en San Miguel, donde permanecen bajo resguardo. Entre los 565 bienes registrados se encuentran camas clínicas, camillas, estanterías, mesas de alimentación, lavamanos, sillas de ruedas y otros implementos que originalmente formaban parte de la capacidad operativa del recinto hospitalario.
Contraloría cuestiona la gestión de los recursos públicos
Uno de los principales hallazgos de la fiscalización corresponde a la falta de acciones concretas destinadas a encontrar una nueva utilidad para los bienes adquiridos con recursos fiscales. Según los antecedentes examinados, el Servicio de Salud Metropolitano Sur no desarrolló oportunamente las gestiones necesarias para evaluar su reasignación, transferencia o aprovechamiento en otros organismos públicos, pese a que el equipamiento llevaba varios años sin prestar servicios a la comunidad.
La Contraloría advirtió que esta situación evidencia problemas en la administración eficiente del patrimonio estatal, considerando que se trata de bienes adquiridos para responder a necesidades sanitarias. La prolongada inmovilización de la infraestructura también implica riesgos de deterioro, obsolescencia y pérdida de valor económico, especialmente cuando determinados componentes requieren condiciones específicas de almacenamiento y mantenimiento para conservar su funcionalidad.
El organismo fiscalizador formuló un reparo por 859.629.807 pesos, monto vinculado a la depreciación contable de los bienes durante el período de almacenamiento. Es importante precisar que esta cifra no representa necesariamente dinero desaparecido o sustraído, sino la pérdida de valor patrimonial identificada en la fiscalización. La actuación de Contraloría busca establecer las responsabilidades correspondientes y determinar las consecuencias administrativas y patrimoniales de las observaciones detectadas.
Diferencias de inventario y problemas en la bodega
La investigación también identificó discrepancias entre los inventarios correspondientes a marzo de 2021 y los registros examinados durante 2026. Entre los elementos observados figuraban equipos médicos, artículos electrónicos, mobiliario y electrodomésticos cuya ubicación no coincidía inicialmente con la documentación disponible. Asimismo, se detectaron 13 bienes que no habían podido ser localizados al momento de la revisión, incluyendo una lavadora, una secadora, una plancha eléctrica, un ot-oftalmoscopio y un kit de protección radiológica.
Otras diferencias involucraron lavadoras y secadoras que figuraban en los registros de almacenamiento, pero cuya ubicación debió ser aclarada. Según informó el Servicio de Salud Metropolitano Sur, algunos bienes fueron encontrados, otros habían sido dados de baja y determinadas especies fueron restituidas después de gestiones efectuadas con la empresa encargada de la seguridad del recinto. La institución aseguró que las diferencias de inventario observadas durante la fiscalización fueron aclaradas y regularizadas.
A estos antecedentes se sumaron observaciones relacionadas con las condiciones físicas de la bodega. La Contraloría detectó un socavón próximo al cierre perimetral que dificultaba el acceso seguro a determinadas áreas de almacenamiento, generando riesgos para las labores de inspección, mantenimiento y control. Estas deficiencias también fueron incorporadas entre los aspectos que el organismo responsable debe subsanar para garantizar la adecuada conservación de los bienes públicos.
Servicio de Salud explica las razones del almacenamiento
Frente a los cuestionamientos, el Servicio de Salud Metropolitano Sur explicó que el desmontaje del recinto respondió al término de las necesidades sanitarias extraordinarias que justificaron su implementación. Además, señaló que mantener el hospital modular en funcionamiento significaba elevados costos operacionales, mientras que su infraestructura no respondía necesariamente a los actuales requerimientos de atención de mediana y alta complejidad del Hospital Barros Luco Trudeau.
La institución sostuvo que los componentes se encuentran embalados y bajo custodia institucional, y que no han sido sometidos a un proceso de venta. También precisó que el reparo formulado por la Contraloría corresponde a depreciación contable y que, conforme a su interpretación, no implica que el Servicio de Salud deba desembolsar automáticamente esa cantidad de dinero. Respecto del futuro de los equipos, indicó que deberá elaborar un plan para establecer alternativas de distribución, reutilización o transferencia dentro de los plazos definidos por el organismo fiscalizador.
Aunque las razones operativas para desmontar el hospital fueron consideradas en el análisis de la Contraloría, el cuestionamiento principal se mantiene sobre la ausencia de gestiones oportunas para dar un destino efectivo a la infraestructura. El informe distingue, por tanto, entre la decisión de cerrar un recinto temporal y la obligación posterior de administrar adecuadamente los bienes adquiridos por el Estado.
El desafío de recuperar infraestructura para la salud pública
El caso vuelve a poner en discusión la planificación y utilización de las inversiones públicas realizadas durante situaciones de emergencia. Los hospitales modulares fueron concebidos como soluciones de respuesta rápida, capaces de aumentar temporalmente la disponibilidad de camas y entregar apoyo a la red asistencial. Sin embargo, una vez superada la contingencia original, su conservación y eventual reutilización requieren planificación técnica, presupuestaria y administrativa que permita evitar la inmovilización prolongada del equipamiento.
La situación resulta especialmente relevante porque parte de los implementos almacenados podría ser evaluada para otros fines sanitarios, siempre que cumpla con las condiciones técnicas, de seguridad y funcionamiento exigidas. Entre las alternativas se encuentran la transferencia de componentes a establecimientos de salud, su utilización en instalaciones de emergencia o su incorporación a programas de preparación frente a catástrofes. Cualquiera de estas opciones requiere una evaluación de factibilidad y costos, por lo que no puede asumirse que el hospital completo esté actualmente en condiciones de reinstalarse.
Por ahora, el futuro del Hospital Modular de Campaña N° 2 continúa sujeto a las medidas que adopte el Servicio de Salud Metropolitano Sur y al seguimiento de las observaciones formuladas por la Contraloría. El caso plantea una cuestión de fondo para la administración pública: cómo asegurar que las inversiones efectuadas durante una emergencia sigan generando valor para la ciudadanía una vez que desaparece la necesidad que motivó su adquisición.
Con una inversión original superior a los 2.100 millones de pesos, 565 bienes almacenados y una depreciación observada de casi 860 millones, el hospital modular del Barros Luco se convierte en un caso relevante para examinar la gestión, conservación y eventual reutilización de infraestructura sanitaria financiada con recursos de todos los chilenos.
Redacción: Radio Estación Nacional.